78% de las armas de alto poder provienen de EU
Marcos H. Valerio
El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, soltó en un dato que no deja lugar a dudas: En lo que va de la administración federal se han asegurado 18 mil armas largas y cortas en territorio nacional. De ellas, entre el 77 y el 78 por ciento tiene origen en Estados Unidos.
No es una estadística menor; es la confirmación oficial de la principal vía por la que el crimen organizado mexicano se abastece de poder de fuego: El tráfico ilegal desde el vecino del norte.
Entre el arsenal decomisado destacan piezas de guerra pura: 215 fusiles calibre .50 tipo Barrett —capaces de perforar blindaje a más de un kilómetro—, lanzagranadas calibre 40 mm, lanzacohetes y centenares de ametralladoras de alto poder.
No son herramientas de delincuencia común; son equipo militar que ha cruzado la frontera para alimentar guerras entre cárteles.
Y el calibre .50 no es anécdota: Desde 2012 se han incautado 137 mil cartuchos de ese calibre, de los cuales el 47 por ciento proviene de Lake City Army Ammunition Plant, una planta asociada al Pentágono en las afueras de Kansas City.
Munición fabricada para el Ejército estadounidense que, tras venderse legalmente en armerías del sur de Estados Unidos, termina en manos de grupos criminales en México.
La geografía del decomiso no sorprende: Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Guerrero concentran la mayor parte de estas incautaciones. Son los mismos corredores históricos del narco, donde el enfrentamiento armado es casi diario y donde el desequilibrio de fuego entre delincuencia y policías locales ha sido evidente durante años.
Ante esa asimetría, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el mecanismo legal: La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, recientemente actualizada, permite a la Sedena autorizar —bajo requisitos estrictos y a petición expresa de gobiernos estatales— el uso de armamento de mayor calibre o de uso exclusivo del Ejército por parte de corporaciones policiales. Ya se han otorgado permisos en Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, principalmente para ametralladoras calibre 7.62 y 5.56. No es una entrega masiva ni una militarización general de las policías; es una medida focalizada, basada en inteligencia y dirigida a zonas de alto riesgo donde el armamento civil resulta insuficiente frente a fusiles Barrett o lanzagranadas.
La mandataria insistió en que no se trata de escalar la letalidad por default, sino de equilibrar capacidades en puntos críticos. Paralelamente, una iniciativa aprobada en el Congreso de Chiapas busca federalizar y armonizar estos criterios para evitar disparidades regulatorias entre entidades.
Los datos de la Sedena son contundentes y obligan a una reflexión dura: mientras México multiplica esfuerzos de decomiso y refuerza sus capacidades locales bajo reglas estrictas, la ruta principal del armamento —Estados Unidos— sigue siendo un grifo abierto. El problema no es solo de control fronterizo mexicano; es de corresponsabilidad binacional.
La munición del Pentágono en manos del crimen organizado no es un accidente logístico: es el resultado de un mercado legal desregulado que, una vez cruzada la línea, se convierte en combustible de violencia.
México decomisa miles de armas, pero hasta que Washington no asuma con seriedad el origen de ese flujo, el ciclo de sangre y plomo seguirá intacto.
