Proponen que el huachicoleo de agua en el Estado de México sea un delito grave y de oficio
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de México propuso una reforma de fondo al Código Penal local para combatir el robo, tráfico y uso político del agua, fenómeno conocido como “huachicoleo hídrico”. La iniciativa no sólo reconoce esta práctica como delito grave, sino que plantea penas de hasta 15 años de prisión, y hasta 22 años en casos agravantes, cuando se dañen a menores de edad o su comisión sea en perjuicio de centros educativos.
Con esta propuesta, el Estado de México se perfila para ser la primera entidad del país en reconocer legalmente el huachicoleo de agua como un delito grave y perseguible de oficio, al mismo nivel que el robo de hidrocarburos. La reforma implica modificaciones al Artículo 9 del Código Penal de la entidad mexiquense y contempla la modificación del Capítulo XV BIS para definir con claridad las acciones que se deben castigar.
Entre los delitos que se pretenden tipificar como graves se encuentran: permitir, alterar, traficar, transportar, almacenar, comprar, vender o poseer agua de manera ilegal, ya sea por una o varias personas coludidas con servidores públicos. Además, se impondrán penas más severas cuando estas acciones afecten directamente a poblaciones vulnerables, como menores, personas con discapacidad o instituciones educativas. En estos casos, la pena podría aumentar hasta 22 años de prisión.
Un elemento innovador de esta reforma es la inclusión, por primera vez en la legislación estatal, del uso político-electoral del agua como delito. La iniciativa establece que inducir, condicionar, discriminar o restringir el acceso al agua por motivos electorales o clientelares también será considerado delito grave. “El agua es un derecho, no una herramienta de control político”, afirmaron los legisladores del Verde.
La diputada Miriam Silva Mata, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos e impulsora central de esta iniciativa dentro del PVEM, advirtió que en muchas comunidades del Estado de México el agua ha sido utilizada históricamente como moneda de cambio político. “Esta lógica perversa ha afectado a miles de familias que tienen que pagar hasta 400 pesos semanales por una pipa, mientras otros lucran con su necesidad. Eso se tiene que terminar”, sostuvo.
Silva Mata, también conocida como la Diputada del Agua, explicó que el huachicoleo hídrico no es una metáfora, sino una red de corrupción y saqueo que opera en diversos municipios del estado. “No estamos hablando de simples fugas. Estamos hablando de desvíos, omisiones deliberadas y un negocio clandestino que afecta a millones. Por eso proponemos penas severas y la actuación de oficio de la autoridad”, detalló.
La bancada verde señaló que esta iniciativa busca dar herramientas reales al Estado para frenar un problema estructural, que ha contribuido a la crisis hídrica que viven municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Valle de Chalco.
Esta reforma responde a un clamor social: “La gente está harta de que le nieguen el agua mientras otros hacen negocio con ella. Tipificar este delito como grave y de oficio es un paso decisivo para poner fin a la impunidad”, destacó la diputada del verde.
De aprobarse, esta reforma representaría un parteaguas legal en la defensa del derecho humano al agua en México. El Partido Verde reiteró que no se trata de una iniciativa simbólica, sino de una respuesta concreta y contundente a uno de los problemas más urgentes del Estado de México: el acceso justo, equitativo y legal al agua.
